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ANIM solicita al Senado revisar prohibición absoluta del transporte de menores en motocicletas
Gremio propone una regulación proporcional, basada en evidencia y en estándares internacionales como el modelo español. La asociación manifestó su disposición a colaborar con el Congreso para construir una norma equilibrada y aplicable.
La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM A.G.) pidió al Senado reconsiderar la prohibición absoluta de transportar menores de 12 años en motocicletas, planteada en el Boletín 16.720-15, conocido como Ley Jacinta, que será votado este jueves en la Cámara Alta.
En una carta enviada a los parlamentarios, el gremio expresó su preocupación por esta disposición, señalando que, pese a su intención de fortalecer la seguridad vial, “podría resultar inconveniente en su formulación actual, especialmente a la luz de la experiencia internacional y de la realidad de miles de familias y usuarios”.
La ANIM recalcó que comparte plenamente el objetivo de mejorar la seguridad en el transporte de menores, pero enfatizó que las regulaciones deben alinearse con estándares globales y sustentarse en criterios técnicos.
Como referencia, destacó el caso de España, donde la normativa:
- Prohíbe transportar a menores de 12 años, pero autoriza desde los 7 años cuando usan casco homologado y viajan junto a su madre, padre, tutor o un adulto autorizado.
- Incluye exigencias estrictas que garantizan la protección del acompañante sin limitar innecesariamente la movilidad familiar.
El gremio advirtió que una prohibición total podría afectar a miles de hogares que dependen de la motocicleta como su principal e incluso único medio de transporte, tanto en zonas urbanas como rurales.
“Impulsar una restricción absoluta obligaría a estas familias a recurrir a alternativas más costosas o menos disponibles, afectando especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos”, señaló ANIM.
A esto se suma un posible aumento de la informalidad:
“Una restricción inflexible puede incentivar traslados fuera del marco normativo, sin las condiciones de seguridad necesarias, generando el efecto contrario al buscado”, agregaron.
ANIM planteó la necesidad de incorporar criterios de proporcionalidad y experiencias internacionales exitosas para construir una regulación “más efectiva y acorde a la realidad nacional”.
“Sugerimos evaluar una formulación que proteja a los menores, pero que también considere la realidad de las familias y las mejores prácticas globales en seguridad vial”, indicó la asociación.
Finalmente, reiteraron su disposición a colaborar con el Congreso:
“Estamos disponibles para aportar antecedentes técnicos, datos comparados y propuestas que permitan mejorar la seguridad vial sin generar impactos negativos en la movilidad cotidiana de miles de familias”.
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